Está claro que todo administrador de una Web debe vigilar la integridad de los enlaces, y suprimirlos o actualizarlos cuando estos cambian. Pero no deja de llamarme la atención que cualquier modificación de la organización o estructura en un organismo oficial (en este caso, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio) suponga también el cambio de URLs en unos textos legislativos que son de acceso público y deberían ser de acceso fácil. ¿No debería la Administración (en su conjunto: Unión Europea, Estado, Comunidades Autónomas y Municipios) garantizar una URL permanente para cada uno de los textos legislativos que de ella emanan?